La conexión entre los hijos de Rocío Dúrcal y el primo de la reina Letizia que afecta a la vivienda familiar de los Dúrcal

Desde que Rocío Dúrcal falleciera, sus hijos han vivido un auténtico calvario para poder hacerse definitivamente con la imponente finca familiar de 19.000 metros cuadrados en los que pasaron toda su infancia. Con problemas de liquidez, los tres hermanos han decidido poner a la venta una finca en Torredolones, tal y como ha publicado ‘Vanitatis’. Sin embargo, la otra vivienda continúa embargada debido a sus pleitos con el primo hermano de la reina Letizia.

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El juzgado de Collado Villalba embargó el 33% de la finca en el año 2015 para asegurar la cantidad de 25.409. Una medida que se renovó en el 2019 durante otros cuatro años más. “La anotación se debe a las diferencias con el señor Rocasolano, aunque entiendo que esas anotaciones se eliminarán cuando el proceso judicial contra él acabe, pero de momento ahí está”, ha explicado a la publicación Antonio Morales.

El hijo de Rocío Dúrcal y Junior se refiere al primo hermano de la reina Letizia, quien fuera abogado de los hermanos. Los hechos tuvieron lugar en enero de 2009, cuando David Rocasolano representaba a Antonio y Carmen Morales en los pleitos que mantenían contra su padre por la herencia de su madre. Con minutos y minutos en televisión, el momento culmen se vivió en diciembre de 2011. Entonces María Patiño mantuvo un enfrentamiento con Junior en el que explicó a la perfección todos los bienes que tenían gracias a que el primo de la reina Letizia se lo había contado. La familia no lo dudó y se querelló contra él por revelación de secretos.

Comenzó entonces una batalla legal por la que la justicia decretó la anotación preventiva del embargo sobre la gran finca familiar. Un proceso que todavía se va a alargar, ya que después de que la Audiencia Provincial lo condenara a 18 meses de prisión y una multa de 34.200 euros, David Rocasolano anunció que recurriría.

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Eso sí, el proceso judicial no impide estrictamente la venta de la propiedad, aunque sí que la complica. El comprador tendría que saber que hay cuentas pendientes por resolver e incluso tendría derecho al retener del precio de compra el importe reclamado por la justicia y las costas en caso de que esta fallara en su contra.