Investigación abierta en la prisión de Brieva (Ávila). Un juzgado ha procedido a la apertura de diligencias por un presunto delito de cohecho por parte de funcionarios del centro penitenciario en el que cumple condena Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel Cruz, al que le arrebató la vida en 2018.
La presa, sentenciada a permanente revisable, habría mantenido relaciones sexuales -presuntamente- con los trabajadores investigados y podría haber grabado esos encuentros con la intención de chantajear a la dirección del correccional, que pretendería conseguir un traslado.
Según adelantaba el diario 'El País', el trato de favor que hipotéticamente se ha dado a la reclusa le permitía el acceso a un teléfono móvil, lo que ha hecho saltar las alarmas dentro y fuera de la cárcel abulense este martes, 6 de mayo.
Patricia Ramírez, la madre del menor asesinado hace 7 años, ha tenido que enfrentarse una vez más al dolor y la revictimización y ya convocaba el lunes a los medios de comunicación a una rueda de prensa el 7 de mayo, a las 10:30 horas de la mañana, para denunciar públicamente "desprotección institucional", después de haber paralizado la grabación de un documental sobre el crimen de su hijo.
No se trata, cabe matizar, de una reacción a las informaciones que han trascendido sobre la investigación judicial ni una respuesta como tal, ya que dicha convocatoria se llevaba a cabo previamente.
El móvil de Ana Julia Quezada en prisión
La cárcel de Brieva está bajo la lupa de un juzgado de Ávila después de que trascendiera una supuesta extorsión y un presunto delito de cohecho entre algunos trabajadores del centro penitenciario. Los funcionarios y un cocinero están siendo investigados por haber mantenido, supuestamente, relaciones sexuales a cambio de un trato de favor a Ana Julia Quezada.
En el informe de la directora del mismo, Laura Pérez, se puede leer que "la interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda". De esta forma, la asesina de Gabriel Cruz tendría la intención de chantajear a la dirección del correccional para intentar ser trasladada a Barcelona.
De demostrarse que los hechos investigados son ciertos, el control en el centro penitenciario abulense quedaría en entredicho, dado que según las sospechas, habrían sido varios los encuentros.
Nuevo escándalo
Ana Julia Quezada fue la primera mujer condenada a prisión permanente revisable, en septiembre de 2019. Este no es el primer escándalo protagonizado por ella y que salpica directamente a Instituciones Penitenciarias en la cárcel de Brieva.
En junio de 2024, la madre de Gabriel Cruz tuvo que intervenir en el Senado para pedir que se paralizara la grabación de un documental sobre el asesinato de su hijo y solicitaba en esa Comisión de Interior que se alcanzara un pacto de estado para impedir que se lleven a cabo otras series de este género cuando se trate de víctimas de "violencia grande".
![Ana Julia Quezada](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1200 800"%3E%3C/svg%3E)
Patricia Ramírez denunciaba en la Cámara Alta "los continuos incumplimientos del estatuto de la víctima tanto por acción u omisión, las irregularidades dentro de la cárcel de Ávila e instituciones penitenciarias, acciones legales emprendidas y denuncia de diferentes hechos criminales", después de que trascendiera la voluntad de contar con la participación de la asesina de Gabriel.
Rueda de prensa de Patricia Ramírez
Antes de salir a la luz la investigación de un juzgado de Ávila por el presunto delito de cohecho de los trabajadores de la prisión de Brieva, Patricia Ramírez ya emitía un comunicado este lunes. Se siente en una situación de "desprotección institucional y judicial".
La madre de Gabriel ha convocado una rueda de prensa el miércoles, 7 de mayo, a las 10 y media de la mañana, para informar de las posibles acciones legales que pueda emprender y denunciar públicamente los supuestos hechos que han tenido lugar en el correccional en el que cumple condena Ana Julia Quezada.
En esa comparecencia, compartía a través de sus redes sociales, se informará sobre la "vulneración de derechos como víctima", la "falta de protección, desamparo institucional y judicial" y las "posibles irregularidades" en el centro penitenciario abulense.
Tender puentes en "aras del sentido común"
Patricia Ramírez manifestaba en su intervención en el Senado su voluntad de tender puentes con los medios de comunicación, con los que las víctimas pueden "ponerse de acuerdo". Lo hacía después de que la productora del documental le garantizara la paralización del proyecto.
"De hecho, la invité a que me la mandara por escrito y, si lo hacía, le dije que me olvidaba de estos tres años de miedo, de los gastos psicológicos, de lo que le haya tenido que pagar al abogado para hacer la querella y la denuncia que le íbamos a meter, que lo dejaba todo a un lado, que agradecía que nos hubiese entendido y que depusiera su actitud", exponía.
Además, expresaba su deseo de que podamos "aprender a consumir sucesos" de una forma responsable. Lucha, en todo caso, por que no se pueda comercializar con el dolor.
