Después de la tensa reunión en Zarzuela con su hijo, el rey Felipe, que le ha llevado a suspender su próximo viaje a Sanxenxo este fin de semana, el rey Juan Carlos afronta unas semanas convulsas en cuestión legal y tributaria. Su nada ejemplar comportamiento vuelve a ponerle en el ojo del huracán y su nada discreto regreso a nuestro país después de marcharse a Abu Dabi, señalado por numerosos escándalos económicos, le colocan en una situación delicada con respecto a Zarzuela. En un horizonte cercano, tiene por delante su inminente cara a cara con Corinna Larsen en Londres, cita judicial que el emérito está intentando por todos los medios evitar.

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El próximo 1 de julio, en unas dos semanas y media, Juan Carlos de Borbón y Corinna Larsen se verán las caras en los tribunales después de que el juez del caso, Matthew Nicklin, decidiera el pasado marzo negarle la inmunidad al emérito. Nicklin basó su decisión en diferenciar la capacidad oficial y estatal de la privada y personal. Asimismo, marca una cronología en las actividades del emérito, clave para poder juzgarle y con tres fechas concretas: su abdicación en junio de 2014, su retirada de la vida pública en 2019 y la retirada de asignación en marzo de 2020, en aquel comunicado tan duro firmado por su hijo justo cuando arrancó el estado de alarma.

Como apunta Pilar Eyre, "las acusaciones son muy fuertes: acoso y amenazas". Así es, Corinna Larsen ha presentado una demanda en el Tribunal Superior de Londres contra su expareja por tres supuestos delitos: acoso, difamación (con consecuencias económicas) y vigilancia ilegal. Nuestra bloguera encuentra que sea cual sea la salida que busque el rey Juan Carlos en este escándalo, saldrá mal parado, haciendo referencia al acuerdo extrajudicial por el que estaría luchando y, así, evitar la imagen de un rey sentado en una sala de juicio. "Para mí, un gran error, porque equivaldría a que Juan Carlos reconociera su culpa", y va más allá, "¿y cómo justificar los fondos?".

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No es la única polémica que le salpica estos días. Hacienda ha vuelto a solicitar una investigación sobre los gastos de las cacerías a las que asistió entre 2014 y 2018, y sobre el dinero con las que se financiaron y se pagaron los vuelos, según adelantaba El Mundo. La Agencia Tributaria acota las fechas de esta solicitud, circunscribiéndola a los años posteriores a su abdicación, y a diferencia de las otras investigaciones (que acabaron archivando) en este caso se ha hecho por apertura formal, por lo que Juan Carlos de Borbón no puede acogerse a una regularización voluntaria, como ha venido haciendo.

Como señala El Periódico, estas invitaciones a cacerías serán delito fiscal si no justifica que fueron donaciones, y el objetivo de Hacienda es determinar la cantidad con la que el emérito incrementó su patrimonio mediante estos regalos, que no declaró. Cabe señalar el el delito contra Hacienda está fijado en 120.000 euros.