Novedades del caso Íñigo Errejón: el desafío del expolítico paraliza el proceso judicial mientras se analiza el teléfono de Elisa Mouliaá

"Un poco más allá del verano". Era la previsión que hace poco más de un mes compartía el abogado de Elisa Mouliaá (36 años), en exclusiva en la revista Lecturas, sobre los tiempos en la fase de instrucción de la causa abierta contra Íñigo Errejón (41).

La actriz denunció al expolítico en octubre de 2024 y en enero de este año, el juez Adolfo Carretero les llamó a declarar para que ella ratificara su denuncia y él pudiera defenderse de las acusaciones de presunta agresión sexual, pero el proceso está paralizado.

Tras escucharles a ellos y a otros testigos, -como el padre y el hermano de la denunciante-, el magistrado recibía el informe psiquiátrico del doctor José Cabrera y el psicológico de Jose Capote, pero faltaba, para él, una "prueba esencial".

El viernes, 11 de abril, el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados se negó nuevamente a entregar su teléfono móvil para analizar las conversaciones que habría tenido tras la noche de autos con Mouliaá. Entonces, la acusación popular activó la maquinaria para acusarle de desobediencia judicial, aunque la instrucción continúa en 'stand by' mientras Errejón se aferra a su dispositivo y su privacidad.

Una cuestión de intimidad

Íñigo Errejón considera "estrafalario" que la acusación popular que acompaña a Elisa Mouliaá haya solicitado una ampliación de su causa para que se le impute un nuevo delito por desobediencia judicial por no haber entregado su teléfono móvil.

Jorge Piedrafita, quien encabeza esa parte en el proceso en representación de la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada, se ponía serio en su advertencia a sabiendas de la escasa voluntad del investigado para dejar en Plaza de Castilla su dispositivo el 11 de abril.

Ni ellos ni la acusación particular, al frente de la cual está el penalista Alfredo Arrién, entienden por qué no ha accedido a acatar esa solicitud, ya que aunque alega la posibilidad de que se vulnere su derecho a la intimidad, le recuerdan que únicamente se accedera a los chats que compartió con Elisa Mouliaá tras los presuntos episodios de agresión sexual.

El verano como respiro

Mientras se resuelve el recurso y el juez Adolfo Carretero decide qué hacer para que se pueda proceder al volcado del teléfono del exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, hasta el 20 de junio no hay nuevas citaciones judiciales en el número 47 de Madrid.

Ese día, el magistrado escuchará a nuevos testigos, entre los que está un psicólogo al que se mantiene en el anonimato por petición propia, así como los dueños de la casa en la que supuestamente se dieron dos de las agresiones, todavía presuntas, que Elisa Mouliaá narra en su denuncia.

A pesar de todo, Jorge Piedrafita considera que los tiempos son normales y es más optimista al considerar que la imputación podría llegar pronto. Si la causa sigue hacia adelante, Íñigo Errejón podría darse el verano como respiro antes de enfrentarse a un potencial juicio oral por presunta agresión sexual.

Desobediencia judicial

Todavía no está claro si habrá o no imputación por uno continuado o varios delitos de presunta agresión sexual, ya que Elisa Mouliaá habla de diferentes momentos a lo largo de la noche de autos, pero la situación podría complicarse si se admite la solicitud de la acusación popular.

La desobediencia judicial podría sumar desde 3 meses y hasta un año, según está tipificado y estipulado en el Código Penal en España. Íñigo Errejón cuenta con la baza del recurso y, de serle nuevamente desestimado, podría rendirse y entregar finalmente su teléfono móvil.

Mientras tanto, la Unidad Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional está analizando el volcado telefónico de la actriz, que sí acató la orden y entregó el viernes, 11 de abril, su dispositivo en los juzgados de Plaza de Castilla. Puntual a la cita, ya lo había intentado hacer semanas antes, pero no se daban las condiciones técnicas para completar el trámite en dicha sede.

Las partes que representan la acusación no están dispuestas a permitir que haya una obstaculización en esta fase del proceso. Paradójicamente, fueron Mouliaá y su equipo legal los señalados por paralizar, en inicio, el procedimiento, cuando la primera abogada de la denunciante causó baja médica al estar en avanzado estado de gestación. Fue entonces cuando tuvo que designar a un nuevo letrado: Alfredo Arrién.