Los presuntos autores de una violación grupal a una joven madrileña de 18 años en los San Fermines de 2016 lleva indignando a España, de un lado y de otro, desde entonces. Es el conocidísimo caso de 'La Manada', cuya sentencia está retrasándose más de lo habitual y cuyos imputados llevan en prisión preventiva desde hace casi ya dos años. ¿Qué está pasando?

Cinco meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, la sección segunda de la Audiencia de Navarra sigue sin producir fallo alguno y acumulando importantes retrasos. Según apuntan fuentes cercanas a los tribunales navarros, este tipo de postergaciones de la Sección Segunda son habituales. Sin ir más lejos, a principios de abril se dictó por fin sentencia absolutoria para nueve de formar parte de una organización criminal, 14 meses después de celebrarse el juicio.

Por otro lado, a este tipo de demoras se le suma la gran carga de trabajo que acumula esta sección, encargada de los casos de violencia de género, y su forma tan "meticulosa" de trabajar. "El tribunal es proclive a retrasos importantes porque se toma su trabajo con parsimonia", indican fuentes cercanas a la Audiencia a El Confidencial. Eso sí, añaden que todas estas explicaciones son simples "especulaciones" que no excusan el retraso de varios meses respecto al mediático caso de 'La Manada'.

Hay que recordar que los acusados, cinco amigos sevillanos que se habían desplazado hasta Pamplona para unirse a las celebraciones de los San Fermines, llevan en prisión preventiva desde el verano de 2016, cuando fueron detenidos la mañana del 7 de julio. Un periodo de casi dos años, el máximo que puede alcanzar la prisión preventiva (aunque puede prorrogarse otros 24 meses). Una espera que debería acabarse pronto ya que, según apuntan los abogados de ambas partes del caso, la sentencia tendría que llegar antes de que termine el mes de abril.

Y es que, al parecer, los tres magistrados encargados del caso de 'La Manada' difieren en distintos aspectos que retrasan el fallo definitivo. Ya desde el principio, los miembros del tribunal no han conseguido ponerse de acuerdo en cuanto a la libertad condicional de los acusados. El fallo siempre ha sido negativo, la última vez en diciembre de 2017. Por otro lado, parece que las discrepancias dentro de la Audiencia podrían apuntar más allá de la condena o la absolución, decidiendo entre si los hechos entrarían dentro de la categoría de 'agresión sexual' o de 'abuso'. Esta diferencia implicaría un importante cambio en la condena de los cinco imputados, de ser condenados, ya que la agresión está penada con entre 15 y 25 años de cárcel y el abuso entre 10 y 15.

Además, calificar los hechos como un 'abuso' implicaría que el consentimiento de la víctima estuvo condicionado –por ejemplo, por el alcohol–, pero que no hubo violencia ni intimidación. Un matiz clave para la atención mediática y para los acusados, que siempre han defendido que no obligaron a la joven de 18 años a mantener relaciones sexuales con ellos. Sin embargo, esta opción no se considera de las más probables ya que ninguna de las partes la mencionó en el juicio.

Fuentes judiciales consultadas por La Vanguardia insisten en que lo más importante es llegar a un fallo “impecable” y “muy bien argumentado”, precisamente por lo mediático que ha sido el caso, las presiones de todo tipo que ha recibido la Audiencia desde que se dio a conocer el caso, las altas probabilidades de que ambas partes intenten recurrila y lo larga que se está haciendo la espera a la vista de una sentencia en firme. Dos años que a cada día que pasa parecen dejar más claro que la sentencia será condenatoria. "Habitualmente, cuanto más largo es el proceso para que salga el fallo más claro parece que vaya a ser de condena", señalan dichas fuentes.

José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y de A.M.G (es el único de los cinco del que no se puede decir su nombre y profesión) fueron detenidos la mañana del 7 de julio de 2016 en Pamplona, acusados de violar en grupo a una joven madrileña de 18 años en un portal del centro de la capital navarra. Además, la acusación señala que, tras la agresión sexual que además grabaron en vídeo, le robaron el teléfono móvil. La Fiscalía solicita un total de 22 años y 10 meses de prisión para ellos': 18 años por un delito continuado de agresión sexual, 2 años y 10 meses por un delito contra la intimidad y otros dos por robo con intimidación. Además, pide 10 años de libertad vigilada a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad y una indemnización de 100.000 euros para la afectada por los daños morales ocasionados.